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Reglamento del Consejo de las Mujeres

Uno de los aspectos básicos de las sociedades democráticas, es la participación de la ciudadanía en la vida pública, y es en el municipio donde mayor incidencia real tiene. Los Consejos Municipales de las Mujeres constituidos en los últimos años han favorecido la participación de las mujeres en la gestión municipal de iniciativas destinadas a eliminar las desigualdades por razón de sexo. 

    El primer Reglamento del Consejo de la Mujer de Chiclana de la Frontera se aprueba en la sesión ordinaria del Pleno celebrada el 27 de Marzo de 1996. A partir de este Reglamento, comienza su andadura el Consejo de las Mujeres de Chiclana, siendo el interlocutor válido y legitimado de este Ayuntamiento en lo que a políticas de igualdad se refiere.

    El Consejo de las Mujeres de Chiclana debe ser una pieza clave para la participación de las mujeres en nuestro municipio. Además, su existencia hace imprescindible la colaboración de la Institución Municipal y del movimiento de mujeres de la ciudad en el trabajo por la igualdad.

    Para lograr este objetivo es necesario reconocer el papel que han desempeñado durante todos estos años las asociaciones de mujeres de la localidad. Así las primeras asociaciones de mujeres, Amas de Casa Santa Ana y Asocum se remontan a los años 1982 y 1986 respectivamente.    Destacar que han sido ellas las que han obtenido el compromiso de las administraciones y de las formaciones políticas de trabajar a favor de una sociedad equitativa para mujeres y hombres.

    El movimiento asociativo en la ciudad de Chiclana ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años desarrollando una intensa actividad dedicada a la promoción de los derechos y a la igualdad de oportunidades de las mujeres. En la actualidad son más de doce asociaciones de mujeres, mas de veinticinco Vocalías de las asociaciones vecinales, sindicatos y asociaciones no específicas que se incorporan al trabajo por la igualdad. Es por ello que se plantea la demanda por parte de estas asociaciones y organizaciones de nueva incorporación de modificar el Reglamento en lo que se refiere a la línea de funcionamiento para adaptarlo orgánicamente a las necesidades de su actual composición, así como, paralelamente, surge también la necesidad de adecuar el Reglamento a la nueva normativa, la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  Público.

    Por su parte las instituciones públicas están obligadas a seguir apoyando el camino hacia la igualdad real entre las personas, sin distinción de sexo.

    Según la Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local (2006) “Las autoridades locales y regionales, que son las esferas de gobierno más próximas a la población, representan los niveles de intervención mas adecuados para combatir la persistencia y la reproducción de las desigualdades y para promover una sociedad verdaderamente igualitaria”.

    La Constitución Española de 1978, reconoce en el art. 14 la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

    De forma explícita lo recoge el art. 9.2 de la Constitución Española donde se obliga a los poderes públicos a facilitar esta participación en los ámbitos: políticos, económicos, cultural y social.

    Junto a esto, el Texto Constitucional determina en su artículo 23 el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, compromiso que es recogido a su vez, en el art. 12.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y por la Ley 7/1985 RBRL que obliga a las Corporaciones Locales a facilitar dicha participación.

    La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres introduce como novedad la creación de un Consejo de Participación de la Mujer, como órgano colegiado de consulta y asesoramiento con el fin esencial de servir de cauce para la participación institucional de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación por razón de sexo.